El trasporte urbano se ha convertido en una actividad de alto riesgo donde prevalece la incertidumbre jurídica, financiera y hasta la inseguridad, expuso el presidente honorario de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), Jesús Padilla Zenteno, durante el 32º Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad (ENAM), que se llevó a cabo este fin de semana en Bahía de Banderas, Nayarit, con la presencia de responsables de movilidad de todo el país; de Ricardo Serrano Rangel, presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), y del gobernador de la entidad, Miguel Ángel Navarro.

Padilla Zenteno explicó que en la mayoría del país, aún faltan mayores incentivos fiscales para las empresas encargadas del transporte urbano; financiamiento adecuado, suficiente y estructurado para la movilidad sostenible, así como la formalización y profesionalización que permitan la conformación de empresas operadoras.

En su participación, el también director general de Grupo CISA, dijo que desde las autoridades, existe una tendencia a realizar políticas públicas sin consultar a los integrantes del sector, consideró que existe un sobrediagnóstico de los problemas que existen en la movilidad, pero, al mismo tiempo, una tendencia reactiva, “como si estuviéramos anestesiados”, ya que en el transporte existen ordenamientos legales y andamiaje jurídico, en las empresas abundan los procesos, indicadores, comités, y aún así, se avanza lentamente.

El mensaje de Jesús Padilla se llevó a cabo en un escenario donde el presidente de la AMAM, Ricardo Serrano, señaló que no se entiende la movilidad sin el amalgamamiento del sector privado y los esfuerzos de los tres niveles de gobierno, y sostuvo que no basta con hacer lo mejor a nivel local, “pues para seguir creciendo necesitamos seguir construyendo instrumentos nacionales que respalden lo local: marcos de financiamiento, esquemas tarifarios y subsidios que den certidumbre”.

Asimismo, la presidenta de Movilidad de la Cámara de Diputados, Patricia Mercado, también presente en el encuentro, dio a conocer que ha sostenido reuniones con la Secretaría de Hacienda y con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para crear un acceso transversal hacia el presupuesto del 2026, con el fin de ordenar dónde están los recursos para la movilidad en el presupuesto del país, lo cual no implica mayor presupuesto, sino un ejercicio de ordenamiento.

Indicó que es necesario lograr que, para el año entrante, el derecho a la movilidad aparezca en la estructura del presupuesto público, pues resulta importante impulsar la transición de esos recursos que actualmente no están destinados al tema, a pesar de que habrá una fuerte inversión para los ferrocarriles.

Por su parte, Adriana Lobo, directora de presencia global y acción local del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), consideró indispensable avanzar en la creación de instrumentos económicos y financieros para descarbonizar el transporte público y urgió a avanzar en una política nacional de transporte sólida, donde los estados tengan apoyo y puedan trabajar en conjunto con el Gobierno Federal.