Aunque se aprobó en la Cámara de Diputados una reserva para exentar a las armadoras automotrices del límite de deducción de gastos en recintos fiscales, la situación crítica persiste para los distribuidores con el riesgo de que mil agencias y 70 mil empleos directos se pierdan de no liberarse un Decreto que les permita exentar el límite a las deducciones por Impuesto Sobre la Renta (ISR), insistió Guillermo Rosales.

El presidente ejecutivo de la AMDA explicó que la modificación fiscal para 2027 que establece un límite del 96.6% en las deducciones de gastos afectará gravemente a las agencias, pudiendo obligarlas a pagar impuestos sobre utilidades no obtenidas y condenando a empresas de bajo margen de ganancia a cerrar.

Esta medida, dijo, diseñada para combatir la evasión fiscal resultó desproporcionada para un sector altamente fiscalizado y regulado como la distribución automotriz, donde las ventas están sujetas a estrictos controles de facturación y contra el lavado de dinero.

“En nuestro sector nadie compra sin pedir una factura por su vehículo”, subrayó.

En este contexto, Guillermo Rosales observó que fue una buena decisión del Poder Legislativo exentar del límite de deducciones a los depósitos en recintos fiscales de las empresas armadoras, así como a los distribuidores de diésel y gasolinas. Sin embargo, asentó que la distribución de vehículos comparte con esas actividades un nivel muy fuerte de fiscalización, al igual que bajos márgenes de utilidad, por lo que mantienen la demanda de un tratamiento que permita continuar con la viabilidad de las empresas.

Argumentó que la industria automotriz es uno de los segmentos más auditados por el SAT y que las distribuidoras operan con un único proveedor principal que son las armadoras, lo que facilita el control tributario y reduce la evasión fiscal.

La medida aprobada, ratificó Rosales Zárate, pondrá en riesgo inminente alrededor de 70 mil puestos de trabajo directos y afecta transversalmente a la economía nacional, ya que el gremio representa 180 mil empleos y es un motor clave de recaudación fiscal de impuestos federales, locales y municipales.

Por último, solicitó al Gobierno de México, específicamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum, la emisión de un decreto de facilitación fiscal para evitar el cierre de empresas y el despido masivo, basándose en el diálogo mantenido con la SHCP y el SAT para buscar una resolución que proteja la actividad económica legítima.